ONU MUJERES: Consultoría de Incidencia política para promover el derecho a una vida libre de violencia, La Paz, Bolivia Local Consultante, Details

I Asignación de la consultoría

Contexto

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes.

ONU Mujeres aborda integralmente las causas profundas de la desigualdad desde una perspectiva de transformación de los sistemas de reproducción de las desigualdades de género y discriminaciones y con un enfoque de construcción de paz en torno a:

• Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres;
• Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;
• Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres;
• Aumentar la autonomía económica de las mujeres;
• Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales;
• Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles.

La Nota Estratégica 2023 - 2027 de la Oficina País busca contribuir al empoderamiento, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a la disminución de las brechas de género, con énfasis en aquellas que viven mayor desigualdad en Bolivia, acorde con las agendas del “Vivir Bien” y Despatriarcalización. Este documento prioriza tres áreas estratégicas: 

Gobernanza y Participación Política; Empoderamiento Económico y Erradicación de la Violencia, que se alinean a las prioridades del Estado Plurinacional y sus prioridades con relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

De igual manera, ONU Mujeres Bolivia acompaña al Estado boliviano en sus esfuerzos por cumplir con los compromisos asumidos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing; la Resolución N°1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad y las subsiguientes resoluciones derivadas; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; y otros procesos intergubernamentales pertinentes, como resoluciones de la Asamblea General y conclusiones convenidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

De esta forma, ONU Mujeres a través de la implementación de su Nota estratégica 2023 – 2027 contribuye al avance del Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2023 – 2027 priorizando el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de igualdad de género y trabajando por su integración con la Agenda de Desarrollo Sostenible en su totalidad.

Antecedentes

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas más graves y persistentes que enfrenta Bolivia. Los avances registrados en los últimos años son importantes, pero conviven con desafíos estructurales que evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de protección y el acceso efectivo a la justicia.

De acuerdo con el estudio “Violencia de pareja íntima contra mujeres en Bolivia”, la prevalencia de la violencia física, psicológica o sexual ejercida por la pareja en los últimos 12 meses disminuyó del 43,5% en 2008 al 30,5% en 2023. Este descenso representa un avance significativo a lo largo de quince años. De manera paralela, los casos de feminicidio muestran una reducción gradual, pasando de 147 casos en 2018 a 84 en 2024 y 81 en 2025. Asimismo, las denuncias registradas ante el Ministerio Público aumentaron de 40.558 en 2018 a 46.247 en 2025. Este incremento puede interpretarse como una mayor visibilización de la violencia, una mayor disposición de las mujeres a denunciar y, posiblemente, una creciente confianza en las instituciones encargadas de la protección y el acceso a la justicia.

Sin embargo, estos datos no deben conducir a una valoración triunfalista de la situación. La reducción de los indicadores no modifica una realidad alarmante: en 2023, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años reportó haber sobrevivido a alguna forma de violencia basada en género. Esto equivale aproximadamente a 900.000 mujeres en el país. A ello se suma una expresión aún más extrema de esta violencia: cada cuatro días una mujer pierde la vida de manera violenta y, en dos de cada tres casos, el agresor es la pareja, ex pareja, cónyuge o concubino de la víctima.

Las cifras de 2025 reflejan la magnitud del problema. El Ministerio Público registró 46.247 denuncias relacionadas con violencia en razón de género, entre las que se destacan 3.313 casos de violación, 3.299 de abuso sexual, 2.314 de violación de infante, niña, niño o adolescente, 1.849 de estupro y 1.287 correspondientes a otros delitos sexuales. A ello se añaden alrededor de 34.502 casos de violencia familiar o doméstica, que continúa siendo el delito de mayor incidencia en el país. No obstante, diversos análisis coinciden en que estas cifras representan solo una fracción de la violencia realmente existente. Se estima que una gran parte de los casos permanece oculta debido al miedo, la dependencia económica, la desconfianza institucional y las múltiples barreras que enfrentan las mujeres para denunciar.

En respuesta a esta problemática, Bolivia ha dado pasos significativos en el ámbito normativo, particularmente con la promulgación de la Ley N.º 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta norma constituye uno de los principales instrumentos de protección de los derechos de las mujeres en el país y establece obligaciones para el Estado en materia de prevención, atención, sanción y reparación. Sin embargo, las limitaciones en su implementación efectiva, la insuficiencia de recursos, las debilidades institucionales y las persistentes barreras de acceso a la justicia continúan impidiendo una respuesta adecuada frente a una problemática cotidiana y profundamente vulneradora de derechos humanos.

Asimismo, en los últimos años se ha observado un creciente cuestionamiento al enfoque y a la legitimidad de la Ley 348 por parte de sectores que promueven discursos contrarios a los avances en materia de derechos de las mujeres. Estas narrativas suelen centrarse en la idea de que existirían denuncias masivamente falsas o que la violencia afecta por igual 

a hombres y mujeres, relativizando así las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres. Si bien toda forma de violencia requiere atención y protección estatal, la evidencia disponible demuestra que la violencia contra las mujeres continúa siendo un fenómeno sistemático y desproporcionado, y que los problemas persistentes en el sistema de protección y justicia siguen representando obstáculos significativos para garantizar una vida libre de violencia.

En este contexto, y en el marco de las acciones impulsadas por el Grupo Alerta 348, una articulación conformada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, ONU Mujeres, en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y la Coordinadora de la Mujer, ha identificado la necesidad de contratar a un/a profesional que contribuya al desarrollo de acciones de incidencia política y social orientadas a fortalecer la implementación y vigencia de la Ley N.º 348. La persona seleccionada será responsable de coordinar la ejecución del proyecto bajo la supervisión directa de la Especialista en Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del/la Coordinador/a del Proyecto, en estrecha articulación con las organizaciones de la sociedad civil que integran esta iniciativa.

Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento de las acciones de incidencia política y social orientadas a promover una narrativa favorable a la implementación y defensa de la Ley N.º 348, mediante la articulación y coordinación con las organizaciones que conforman la Alerta 348 para contrarrestando discursos que desacreditan su propósito.

Objetivos Específicos

• Fortalecer la coordinación y articulación entre las organizaciones de la Alerta 348 y otros actores estratégicos para impulsar acciones de incidencia política y social a favor de la implementación y cumplimiento de la Ley N.º 348.
• Generar y difundir evidencia, argumentos técnicos y mensajes estratégicos que contribuyan a posicionar la importancia de la Ley N.º 348 y a contrarrestar narrativas que desinforman o deslegitiman su propósito.
• Promover espacios de diálogo, reflexión e intercambio con tomadores de decisión, operadores de justicia, organizaciones de mujeres y sociedad civil para fortalecer el compromiso institucional con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
• Realizar seguimiento y análisis de iniciativas legislativas, normativas y de política pública vinculadas a la Ley N.º 348, identificando oportunidades y riesgos para la protección de los derechos de las mujeres.
• Sistematizar información, casos, testimonios y resultados de las acciones desarrolladas para fortalecer los procesos de incidencia y la comunicación pública sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Alcance

Se espera que el/la titular lleve a cabo las responsabilidades y actividades necesarias para la entrega de los productos descritos a continuación con la finalidad del logro del el/los objetivo/s de la consultoría. Dichas responsabilidades incluirán:

• Elaborar un plan de trabajo que incluya metodología, cronograma, instrumentos de recopilación de información y mecanismos de seguimiento de resultados. 
• Coordinar acciones con organizaciones de la Alerta 348, organizaciones de mujeres y otros actores clave vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
• Diseñar e implementar actividades de capacitación, sensibilización e intercambio dirigidas a legisladores/as, líderes políticos, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil. 
• Recopilar, analizar y sistematizar información técnica, evidencia estadística y documentación especializada sobre la implementación de la Ley N.º 348. 
• Elaborar documentos de análisis, argumentación y comunicación pública que fortalezcan el posicionamiento de la Ley N.º 348 y contribuyan a desmontar narrativas basadas en desinformación. 
• Realizar seguimiento y análisis técnico-jurídico de iniciativas legislativas, proyectos normativos y medidas de política pública relacionadas con la violencia contra las mujeres y la Ley N.º 348. 
• Sistematizar testimonios, experiencias y casos relevantes que permitan evidenciar los desafíos y avances en la implementación de la Ley N.º 348. 
• Elaborar informes de avance y un informe final que documenten los resultados alcanzados, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras acciones de incidencia.

Productos entregables 

Forma de pago

El pago por los servicios se realizará luego de la entrega de cada producto establecido en la tabla siguiente, sujeto a conformidad y aprobación por parte de ONU Mujeres de acuerdo con el cronograma a continuación. Al tramitar el último pago, este debe ir acompañado de la evaluación de rendimiento de el/la consultor/a junto con el certificado de pago (COP por sus siglas en inglés) para procesar el pago final.

El contrato determina la inclusión de todos los costos (Impuestos de ley, beneficios sociales, seguro, etc.); la Organización no asumirá costos o beneficios adicionales a los honorarios por servicios. 

Asimismo, el consultor/a deberá realizar la entrega de factura de ley correspondiente a cada producto según las condiciones de pago. De ser seleccionado/a para esta vacante, se requerirá presentar prueba de cobertura médica dentro de los dos primeros meses del contrato.

Se aclara que ONU Mujeres cubrirá los costos de logística para los talleres de acuerdo al plan de trabajo del primer producto. 

Supervisión y evaluación de desempeño

La consultoría será gestionada por ONU Mujeres Bolivia. La supervisión de esta consultoría será realizada por el área de Erradicación de la violencia de género de ONU Mujeres Bolivia en coordinación con el grupo de la Alerta 348.

La/El Consultor/a no es funcionario/a de Naciones Unidas y realizará las actividades relativas a su consultoría en formato presencial en la ciudad de La Paz

La persona seleccionada mantendrá permanente coordinación con la supervisora para una efectiva ejecución y desarrollo de los productos solicitados en estos Términos de Referencia y proveerá información según se le solicite en el marco de los términos de referencia.

Es responsabilidad del/la consultor/a obtener información primaria y secundaria de otras fuentes, si fuera el caso necesario.

Indicadores de rendimiento 

• Productos/ entregables presentados en tiempo y forma según los TDRs 
• Calidad del trabajo 
• Cumplimiento de los resultados esperados 
• Cumplimiento de las competencias citadas (Ref. Perfil de el/la consultor/a) 

II Competencias 

Valores fundamentales:

• Ética e Integridad profesional
• Sensibilidad cultural y diversidad de valores
• Respeto por la diversidad

Competencias principales:

• Conciencia y sensibilidad con respecto a las cuestiones de género
• Responsabilidad
• Solución creativa de problemas
• Comunicación efectiva

Competencias funcionales:

• Óptimas capacidades de redacción y comunicación en español 
• Correcta elaboración de productos de conocimiento
• Conocer a profundidad el marco internacional en: derechos humanos, derechos de las mujeres, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
• Conocer a profundidad el marco normativo boliviano en derechos de las mujeres.

Alta capacidad de trabajo en equipo.

III  Calificaciones requeridas

El proceso de selección se realizará a través de un desk review, en el que se realiza primero una verificación formal de que las postulaciones cumplan con las pruebas documentales para ser examinadas y los requisitos mínimos establecidos para la consultoría. Luego, se realiza la evaluación técnica de las candidaturas recibidas, que serán calificadas en base a los siguentes requisitos: 

a. Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales o ramas afines (Requisito excluyente). 

b. Postgrado/especialización/cursos en Derechos humanos, género, políticas públicas, incidencia política, derecho constitucional, acceso a la justicia o violencia basada en género (indispensable). 

c. Experiencia general de 4 años. (Requisito indispensable). 

d. Se requiere 3 años de experiencia laboral en incidencia política con perspectiva de género y/o en el marco de la Ley Nº 348

e. Al menos 2 experiencias comprobables en la elaboración de documentos argumentativos, análisis de políticas públicas y sistematización de información relacionada con la violencia de género u la Ley Nº348. 

Documentos para presentar para la postulación

• Identificación personal (cédula de identidad o pasaporte)
• Título que certifique su grado académico
• **Postulaciones a través de la plataforma Quantum: recuerde completar todos los campos requeridos de la aplicación, aplicaciones incompletas no serán consideradas. ** 

NOTAS IMPORTANTES.

• La convocatoria se realizará a través de la plataforma Quantum. Las aplicaciones recibidas incompletas o fuera de la fecha de cierre no serán consideradas. 
• Las personas que se postulen y que tengan vínculo laboral con instituciones públicas sólo podrán ser contratadas si presentan prueba de permiso laboral (licencia) sin vencimiento y una carta de no objeción a la realización de la consultoría, emitida por la institución empleadora. En caso de que el vínculo sea con una institución de investigación, centro académico o universidad, no se aplicará la cláusula anterior. 
• La persona seleccionada deberá tener cobertura médica y presentar prueba de su cobertura en los dos meses siguientes a la firma de su contrato. (No aplica)

• En caso de que la consultoría requiera viajar, se deberá, confirmar cobertura médica, vacunas requeridas según el destino y seguro de viaje. (No aplica)

   

Diversidad e inclusión

En ONU Mujeres asumimos el compromiso de crear un entorno diverso e inclusivo de respeto mutuo. ONU Mujeres contrata, emplea, capacita, compensa y promueve sin discriminar por motivos de raza, religión, color, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, capacidad, origen nacional o cualquier otra condición contemplada en la ley. 

Todos los empleos se deciden en función de las aptitudes, la competencia, la integridad y las necesidades de la organización.  Si necesita algún tipo de adaptación razonable para participar en el proceso de reclutamiento y selección, incluya esta información en su candidatura.

ONU Mujeres tiene una política de tolerancia cero frente a las conductas incompatibles con los fines y objetivos de las Naciones Unidas y de ONU Mujeres, que incluyen la explotación y abusos sexuales, el acoso sexual, el abuso de autoridad y la discriminación. Las candidatas y los candidatos seleccionadas/os deberán respetar las políticas y los procedimientos de ONU Mujeres y las normas de conducta exigidas al personal de la organización, por lo que se someterán a rigurosas verificaciones de referencias y antecedentes. (La verificación de antecedentes incluirá la comprobación de las credenciales académicas y el historial de empleo. Es posible que las candidatas y los candidatos seleccionadas/os deban proporcionar información adicional para realizar una verificación de antecedentes).

Las personas de grupos minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad son igualmente incentivadas a postularse.

Note: Applicants must ensure that all sections of the application form, including the sections on education and employment history, are completed. If all sections are not completed the application may be disqualified from the recruitment and selection process.